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Un Riesgo para la Sostenibilidad Institucional
En el complejo escenario de la Educación Superior chilena, la morosidad estudiantil ha dejado de ser un problema financiero aislado para convertirse en un factor estructural que amenaza la sostenibilidad y la calidad del sistema. Su impacto se extiende más allá de las finanzas institucionales, afectando directamente los procesos de acreditación institucional, requisito clave para acceder a beneficios estatales y mantener la confianza pública.
Según datos de la Comisión Ingresa, al año 2023 existían 955.000 deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), de los cuales 540.000 se encontraban en mora, lo que representa un 56% del total. Esta cifra incluye 375.000 egresados morosos y 165.000 desertores, concentrados principalmente en los deciles de mayor vulnerabilidad.
El monto total de la deuda CAE asciende a aproximadamente UF 201 millones, lo que equivale a más de 7 billones de pesos chilenos, generando una carga significativa para el Estado y las instituciones educativas.
En un año marcado por la incertidumbre económica, la educación superior chilena enfrenta una creciente amenaza: la incobrabilidad. Este fenómeno, que afecta tanto a instituciones públicas como privadas, ha puesto en jaque la sostenibilidad financiera de muchas casas de estudio, especialmente aquellas que no cuentan con beneficios estatales como la gratuidad, el CAE o becas.
La morosidad no solo afecta las finanzas, sino también la acreditación institucional, requisito clave para acceder a beneficios estatales como la gratuidad. La disminución de ingresos limita la capacidad de las instituciones para cumplir con los estándares exigidos por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), lo que puede derivar en la pérdida de acreditación y, con ello, el acceso a financiamiento público.
Además, el nuevo proyecto de ley FES, actualmente en discusión, propone reemplazar el CAE por un sistema de financiamiento estatal que podría aumentar el endeudamiento de los estudiantes y restringir el crecimiento de las instituciones, generando una mayor segregación en el sistema.
Según un reportaje de CNN Chile llevado a cabo durante finales del año pasado, universidades como la Universidad de La Frontera (UFRO) enfrentan deudas cercanas a los 38 mil millones de pesos, mientras que la Universidad de Antofagasta acumula 28 mil millones. Estas cifras se traducen en despidos masivos y recortes presupuestarios que afectan directamente la calidad educativa.
El impacto en la acreditación y los beneficios
La Ley N° 21.091 exige que las instituciones acreditadas demuestren solidez financiera como parte de su evaluación integral. La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) considera la gestión económica como un criterio clave dentro de la dimensión de “Gestión Estratégica y Recursos Institucionales”. Una alta morosidad puede ser interpretada como una señal de debilidad en la administración financiera, afectando negativamente el resultado del proceso de acreditación.
Esto tiene consecuencias directas: las instituciones no acreditadas no pueden acceder a financiamiento estatal, lo que a su vez limita el acceso de sus estudiantes a beneficios como la gratuidad, becas o el nuevo sistema de financiamiento FES.
La pérdida de acreditación o una acreditación de bajo nivel genera un efecto dominó: menos beneficios para los estudiantes, menor matrícula, reducción de ingresos y, en consecuencia, más dificultades para invertir en calidad académica, infraestructura o investigación. Esto se traduce en una menor competitividad frente a instituciones con acreditación avanzada o de excelencia.
En 2025, solo cinco universidades chilenas ostentan una acreditación de 7 años, el máximo posible, entre ellas la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. En contraste, varias instituciones mantienen acreditaciones básicas de 3 años o incluso se encuentran sin acreditación. (Miranda, 2025).
La gestión eficiente de la cartera morosa se ha vuelto una prioridad estratégica. Herramientas como EduCore-Recovery, que integran inteligencia artificial para automatizar la cobranza y segmentar deudores, permiten a las instituciones mejorar su flujo de ingresos y demostrar una administración responsable ante la CNA.
Estrategias de cobranza, una necesidad urgente
La Ley N° 21.091 exige que las instituciones acreditadas demuestren solidez financiera y capacidad de gestión económica. En este contexto, la cobranza deja de ser una función operativa para convertirse en un componente estratégico de la planificación institucional.
Entre los principales problemas que enfrentan las instituciones con alta morosidad se encuentran:
- Procesos manuales de cobranza que ralentizan la recuperación de pagos.
- Dificultades para proyectar presupuestos debido a ingresos inciertos.
- Impacto negativo en la acreditación por falta de mecanismos formales de gestión financiera.
Frente a este escenario, muchas instituciones han comenzado a implementar estrategias de cobranza más sofisticadas, incluyendo la automatización de procesos y el uso de inteligencia artificial. Plataformas como EduCore-Recovery permiten segmentar deudores, enviar recordatorios automatizados y generar reportes en tiempo real, lo que mejora la eficiencia y reduce la morosidad de manera preventiva.
Además, algunas universidades han optado por reprogramar cuotas, condonar intereses y ofrecer créditos directos, como medidas paliativas para evitar la deserción y mantener el flujo de ingresos (Said, 2020).
Conclusión
La incobrabilidad en la educación superior chilena ha dejado de ser una preocupación operativa para convertirse en un riesgo estratégico que compromete la sostenibilidad institucional, la calidad educativa y el acceso equitativo a la formación profesional. En este contexto, resulta urgente que las instituciones adopten una mirada integral y proactiva frente a la gestión de la morosidad, incorporando herramientas tecnológicas, estrategias de cobranza inteligentes y políticas de apoyo estudiantil que permitan equilibrar la recuperación financiera con el compromiso social.
Más allá de los números, este desafío interpela directamente la capacidad de las instituciones para mantenerse vigentes, acreditadas y competitivas en un sistema cada vez más exigente y segmentado. La sostenibilidad no solo depende de los ingresos, sino de la voluntad de adaptarse, innovar y construir soluciones que resguarden tanto la viabilidad económica como el derecho a una educación de calidad.